Un estudio compara los distintos sistemas de financiación del clero en Europa
El Estado pagará este año entre 250 y 280 millones de euros a la Iglesia católica a través del IRPF, entre 10 y 20 más que en 2009. Son los cálculos del catedrático de Derecho Público Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, que denuncia en un estudio que este sistema de financiación directa basado en la asignación de un porcentaje del IRPF es "manifiestamente inconstitucional".
El autor del informe La financiación de las religiones en el espacio europeo recuerda que la financiación de la Iglesia en España "aminora la recaudación del Estado" e insiste en que no se puede equiparar el derecho a la libertad religiosa al derecho de prestación: "El fenómeno religioso no es un servicio público, así que son los fieles los que deben contribuir a pagarlo, no el Estado".
Según los cálculos de Torres, si cada católico practicante (hay ocho millones en España en teoría) pagara 30 euros anuales costearía el gasto que supone la Iglesia al erario público. "La Administración tributaria del Estado no debe estar al servicio de las confesiones religiosas", insiste Torres, que en su estudio, presentado recientemente en Madrid, explica cómo varios países han alcanzado ese reto.
