Gaspar Llamazares consigue que el Congreso rechace que se instaure cualquier fórmula de Copago sanitario

La proposición no de ley defendida por el portavoz parlamentario de IU recibió el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de CiU y PNV.

El presidente de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo y portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha conseguido hoy que el Congreso, a través de la votación en esta comisión, muestre su rechazo a “la introducción de cualquier fórmula de copago por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

La iniciativa salió aprobada en los términos originales presentados en la proposición no de ley registrada por Llamazares y fue apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo CiU y PNV, que se abstuvieron. A comienzos de 2009 Izquierda Unida ya sacó adelante una propuesta en términos similares, aunque su portavoz parlamentario la ha vuelto a presentar ahora a raíz de las reiteradas manifestaciones de altos cargos del Gobierno socialista –entre ellos su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña- abogando por la posibilidad de utilizar esta fórmula para que el Estado recaude más dinero.

Durante su intervención Llamazares denunció que “el copago se ha convertido en una solución fetiche cuando se tratan de abordar los problemas de financiación del Sistema Nacional de Salud”.

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El modelo "inconstitucional" de la Iglesia en España

Un estudio compara los distintos sistemas de financiación del clero en Europa

El Estado pagará este año entre 250 y 280 millones de euros a la Iglesia católica a través del IRPF, entre 10 y 20 más que en 2009. Son los cálculos del catedrático de Derecho Público Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, que denuncia en un estudio que este sistema de financiación directa basado en la asignación de un porcentaje del IRPF es "manifiestamente inconstitucional".

El autor del informe La financiación de las religiones en el espacio europeo recuerda que la financiación de la Iglesia en España "aminora la recaudación del Estado" e insiste en que no se puede equiparar el derecho a la libertad religiosa al derecho de prestación: "El fenómeno religioso no es un servicio público, así que son los fieles los que deben contribuir a pagarlo, no el Estado".

Según los cálculos de Torres, si cada católico practicante (hay ocho millones en España en teoría) pagara 30 euros anuales costearía el gasto que supone la Iglesia al erario público. "La Administración tributaria del Estado no debe estar al servicio de las confesiones religiosas", insiste Torres, que en su estudio, presentado recientemente en Madrid, explica cómo varios países han alcanzado ese reto.

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Tertulia radiofónica: conflicto de la Escuela de Relaciones Laborales

Esta semana la tertulia radiofónica de Izquierda Unida se ha dedicado a analizar el conflicto de la Escuela de Relaciones Laborales.

Esta semana hemos contado con la participación del Presidente del Comité de Empresa de la Escuela, Juan B. Trigo y los candidatos de Izquierda Unida Jerez, Joaquín Del Valle y Aroa Lobo.

Manifestación 26 de febrero en Sevilla

Con motivo del Día de Andalucía la Dirección Andaluza ha convocado una MANIFESTACIÓN para el próximo sábado día 26 de febrero a las 12.00 h. en Sevilla, con la participación de Diego Valderas, Coordinador General de IULV-CA y Cayo Lara, Coordinador Federal de IU.

Para desplazarnos a Sevilla pondremos un autobús (o los que sean necesarios), que partirá de los aparcamientos de Carrefour Sur a las 10.00 de la mañana, por lo que es necesario confirmes tu asistencia y el número de plazas que necesites al teléfono 956.149.328, o bien por correo electrónico a iujerez@iujerez.es.

Reino de España: el marco del Acuerdo social y económico y sus límites

Siete meses después del espectacular giro dado por el gobierno Zapatero en política económica tras la reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 y menos de cuatro meses después de la Huelga General convocada por los sindicatos obreros mayoritarios españoles contra ese giro, esos mismo sindicatos han llegado, tras un mes de negociaciones aparentemente intensas, a un "Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones" (véase AQUÍ) firmado el pasado 2 de febrero entre el Gobierno, CC OO y UGT, y las patronales CEOE y CEPYME.

Pacto con (contra)reformas

El acuerdo supone un importante recorte de derechos sociales en el sistema de pensiones públicas, pendiente aún de su tramitación legislativa. La ampliación del régimen general de la seguridad social a los trabajadores autónomos, agrarios y empleados del hogar, las compensaciones limitadas en el período de cómputo para los jóvenes en formación y las mujeres por nacimiento o adopción y las previsiones adelantadas para los trabajos mas penosos, insalubres o peligrosos no rompen ni con la lógica de la reforma neoliberal de la seguridad social y su objetivo de contención del gasto público, ni suponen cambios sustanciales en la sostenibilidad del sistema.

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