JUAN TORRES - EL PAÍS
Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.
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