lunes, 4 de abril de 2011

Organizaciones política y sociales llevan a los tribunales y al Congreso a las agencia de calificación

IU, ICV y ERC, junto a cuatro asociaciones entre las que se encuentra Attac, forman parte de la acusación popular en las diligencias abiertas en la AN.

Lara, Buenaventura y Tardá anunciaron distintas iniciativas parlamentarias para que el Gobierno se tenga que pronunciar en el Congreso sobre este asunto, así como las peticiones de comparecencia del gobernador del Banco de España y del fiscal general del Estado.

Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) van a combinar sus actuaciones judiciales y parlamentarias, así como incrementar ambos frentes en las próximas semanas, a fin de lograr sentar en el banquillo y llevar al Congreso el debate sobre la presunta actuación ilegal que realizan las agencias de calificación o de rating.

Así lo anunciaron hoy durante un desayuno informativo el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y los parlamentarios de ICV y ERC en el Congreso, Nuria Buenaventura y Joan Tardá, quienes junto al abogado y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, Carlos Ruiz, vicepresidente de la organización Attac España, y el portavoz de Unión por las Libertades Civiles, Gonzalo Boye –todas ellas asociaciones y formaciones políticas personadas como acusación popular en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre este caso- defendieron la “estricta aplicación del Código Penal” frente a la manera de proceder de estas agencias defendiendo supuestamente intereses de los especuladores.

Santiago detalló que en la querella presentada en la Audiencia Nacional se acusa a las agencias de rating de los presuntos delitos de “maquinación para alterar el precio de las cosas” y de “utilización de información reservada con el fin de obtener beneficio económico”, contemplados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.

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