Cien Propuestas concretas de IU para una salida social de la crisis

La crisis económica mundial se ha instalado con especial virulencia en nuestro país – por nuestra propia estructura económica en la que la construcción especulativa, entre otros factores, ha tenido especial importancia en su desarrollo- y en la que el índice de trabajadores en paro ronda el 20 % de la población activa –cuatro millones y medio de parados-, el máximo, con Letonia, de la UE. En esta situación urgen la proposición de medidas urgentes para hacer frente al deterioro que, desde el verano del 2008, no han hecho más que agravarse, y las mismas se dirigen al Gobierno no sólo desde los que siempre hemos considerado la participación pública del Estado en la economía como esencial para los intereses mayoritarios de la sociedad, sino también -paradojas de la vida- desde quienes hasta hace poco eran partidarios de menos Estado y más economía de mercado – el PP fundamentalmente, pero también el PSOE -, es decir de los neoliberales y los liberalsocialistas: los que antes eran entusiastas de la privatización de los beneficios y ahora practican la socialización de las pérdidas –cuantiosos fondos públicos de rescate de la banca, déficit público y endeudamiento consiguientes, que recaen sobre la inmensa mayoría de la población- y causantes de las políticas que han derivado en la mayor crisis reciente de la historia desde la Gran Depresión.

La crisis está golpeando con fuerza inusitada a la población trabajadora, es decir, a la clase social más débil y ajena – opuesta, para mejor precisión- a los intereses de los grupos económicos dominantes que la han originado, pero su salida aún no está resuelta: queremos decir que, o bien los procesos abiertos hoy en marcha van encaminados a rehacer –tras los reajustes necesarios- la estructura de poder del capital para un nuevo ciclo económico – ¡y aquí no ha pasado nada!- o bien los trabajadores se movilizan, hacen frente y oponen políticas públicas solidarias en lo económico, político y social al actual estado de cosas. De hecho las políticas de retrasar la edad de jubilación de los trabajadores, de la subida de impuestos indirectos e insolidarios - como el impuesto del valor añadido - el plan de austeridad con un recorte de diez mil millones en las autonomías que afecta al gasto social- por parte del Gobierno- o los de precarización de los contratos de trabajo –pretendido por los representantes empresariales y en el ámbito de lo que se ha llamado el “diálogo social”- entre otras limitaciones, auguran malos presagios en este sentido y cargan sobre la mayoría de la población los efectos de la crisis..

Por todo ello la oferta por parte del Gobierno a los Grupos Políticos para el Diálogo y la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, fue analizada por IU y contestada, en su reunión con sus interlocutores el pasado mes de febrero, con “100 medidas concretas para una salida social de la crisis”. De forma muy extractada en dicho documento se recoge:

“El Consejo Científico de ATTAC estima que 1.400 personas controlan y gestionan actualmente en España un capital equivalente al 80 % de su PIB –el valor anual de todos los bienes y servicios producidos en un país: en España 1 billón de euros-.Con un enfoque democrático cualquier salida social de la crisis debe atender prioritariamente a los intereses del resto de la población, no de los más ricos. Con un enfoque de justicia social, los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas y los inmigrantes ya han arrimado el hombro, toca ahora el compromiso de los poderosos. Con un enfoque de rigor técnico sólo se puede adelantar la salida de la crisis si se la considera como una crisis de demanda –hay bienes y servicios en el mercado, no la capacidad de su compra- por tanto, hay que elevar el consumo privado, el gasto y la inversión pública.

Izquierda Unida propone al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas parlamentarias un conjunto de medidas basadas en los anteriores criterios:

Un Programa por importe de 10.000 millones de euros más 1.800 millones de las comunidades autónomas para crear empleo.
Una propuesta para la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal como elemento determinante para la financiación del gasto público y la mejora del déficit.
Una propuesta de apoyo a las pequeñas empresas y autónomos para superar sus problemas de liquidez y crédito y facilitar su actividad, que permitirá la creación de empleo”.

Estas propuestas se desarrollan en cien medidas concretas y factibles, en el marco constitucional, que están a disposición de los interesados en la página web de Izquierda Unida, y que por razones evidentes no es posible detallar en este artículo. Pero además urge un debate social de respuesta a la crisis y la movilización de la sociedad civil que hagan frente al injusto estado de cosas y a sus soluciones insolidarias.